¿Se puede confiar en la próxima Asamblea Nacional?. Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

Borges y Ramos Allup

La MUD obtuvo la mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, la mayor derrota electoral del gobierno en 16 años. Los fenómenos de masas no son homogéneos, y no puede plantearse una sola motivación detrás de la masiva votación contra el gobierno. Pero todo indica que es mucho más un voto contra el gobierno que a favor de las tesis políticas de la MUD, un justificado repudio alimentado por la terrible crisis económica y las medidas antipopulares de ajuste adoptadas por el gobierno. Llama la atención que la MUD en muchos lugares en los que ganó holgadamente casi no hizo campaña (por ejemplo en Mérida había mucha más propaganda de una candidatura disidente de derecha que de la propia MUD), además de que su campaña fue totalmente vacía políticamente, sin entrar a definiciones sobre qué medidas concretas promovería como parte de su prometido “cambio”. No presentó un programa político, se limitó a capitalizar el descontento, y de esa manera llevó al parlamento a muchos dirigentes desgastados de la vieja política puntofijista, como William Dávila o Ramos Allup.

También llama la atención que la MUD sacó más votos que el Psuv incluso en zonas que por 16 años fueron bastión del gobierno, como el “23 de enero” en Caracas. No fue únicamente la clase media la que volcó sus votos contra el gobierno, como en elecciones anteriores, lo novedoso y que inclinó la balanza es que esta vez importantes franjas de los sectores populares y de trabajadores votaron contra el gobierno.

Las opciones por fuera de la polarización quedamos severamente marginadas en la votación (alrededor de un 2% disperso en varias plataformas que iban desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha). La lógica del voto castigo suele ir aunada a una estricta economía del voto, se vota por la opción que puede derrotar al gobierno, en este caso la coalición de centroderecha.

Ahora bien, que haya predominado la noción de castigar al gobierno no significa que no haya expectativas en mucha gente sobre las posibilidades de que la nueva AN impulse cambios en la dirección de mejorías económicas, sociales y desde el punto de vista de los derechos democráticos. Acá es donde el voto contra el gobierno demuestra su heterogeneidad: las expectativas de cambio las pueden compartir muchos, pero la orientación del cambio deseado no es la misma para todos los que votaron a la MUD.

Desde el punto de vista económico, hay que decir que la situación no va a mejorar en 2016 para la mayoría de la población. Elvis Amoroso, del Psuv, había anunciado que vendría un ajuste luego de las elecciones, y Maduro recientemente lo ratificó. Las organizaciones de la MUD, de acuerdo con el programa que presentó Capriles en las elecciones de 2012 y 2013, son partidarias de un ajuste de grandes dimensiones: megadevaluación y liberación gradual del tipo de cambio, aumentos sustanciales en los precios de los alimentos, el transporte y los demás servicios públicos, eliminación del subsidio a la gasolina. En todas estas medidas coinciden con lo que el gobierno viene aplicando, aunque a un ritmo más lento del que desearían las fuerzas de la MUD y Fedecámaras.

De la MUD cabe esperar que impulsen recortes a los derechos de los trabajadores mediante reformas a la LOTTT. Ya hay declaraciones públicas en ese sentido. Por el contrario, no cabe esperar que impulsen reformas al régimen tributario para impedir que los trabajadores que ganan apenas por encima del salario mínimo sigan pagando ISLR, tampoco que deroguen los artículos de la LOTTT que atacan la libertad sindical.

La MUD habla de amnistiar a los que considera presos políticos. Pero nunca ha hecho mención, por ejemplo, de liberar al preso político obrero Rodney Álvarez. Nunca ha planteado otorgar amnistía a los luchadores pemones con juicios abiertos por enfrentarse a la mafia militar ligada a la minería ilegal en el suroriente del país. Nunca ha planteado la necesidad de una investigación parlamentaria sobre el asesinato del cacique yukpa Sabino Romero, en el que participaron efectivos policiales y militares, ni una investigación sobre la Masacre de la Encrucijada, sobre la Masacre de la Mitsubishi, o la Masacre del Hato Las Flores. Nunca ha planteado la necesidad de una investigación parlamentaria sobre la desaparición forzada del luchador social Alcedo Mora.

Dado que la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada por el chavismo en 2009 elimina la representación proporcional y favorece con sobrerrepresentación a la fuerza mayoritaria (antes el Psuv, ahora la MUD), es poco probable que se discuta en la nueva AN su reforma para permitir la representación proporcional de las minorías, lo cual permitiría, por ejemplo, a una fuerza que saque el 2% nacional tener 3 diputados en una AN de 167 curules.

Y es que la oposición de centroderecha no llega al parlamento en enero de 2016, ya tuvo el 40% de los diputados desde el 2010 y no propuso nada de esto. Tampoco propuso una investigación parlamentaria sobre el desfalco a Cadivi mediante el fraude de importaciones, exigencia que hemos hecho varias organizaciones de izquierda a través de la Plataforma por una Auditoría Pública y Ciudadana. O una investigación sobre el estado deplorable de las empresas básicas y las empresas cementeras. Aunque esas iniciativas no podían prosperar en una AN controlada por el Psuv, el hecho de que ni siquiera se propusieran habla del talante de la MUD. ¿Lo hará ahora que tiene una mayoría calificada?

Creemos que la única manera de impedir contrarreformas que signifiquen retrocesos en materia social y laboral, y la única forma de promover iniciativas en la Asamblea Nacional que no estén determinadas por los intereses y presiones de Fedecámaras, sino en función de los legítimos reclamos de la mayoría trabajadora del país, es por medio de la movilización. De la misma forma, es en ese terreno que se puede presionar al gobierno para que abandone sus amenazas de vengar su derrota deteniendo la construcción de viviendas, como recientemente propuso Maduro. Y enfrentar el durísimo ajuste que se avecina, en el que el gobierno, la MUD y Fedecámaras tienen intereses convergentes.

Hay que interpelar desde la calle a la Asamblea Nacional para que responda a los reclamos sociales, económicos y políticos de la población. Ninguna confianza en la AN, ni en su fracción mayoritaria ni en la nueva minoría, sino en nuestras propias fuerzas como movimiento popular y obrero. A nuestro favor no saldrá de ese parlamento nada que no estemos dispuestos a arrancar mediante la movilización.

El chavismo y la corrupción. Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

La detención en Haití de dos sobrinos de Cilia Flores bajo cargos de conspiración para traficar drogas a EEUU, contando con pasaportes diplomáticos, es el más reciente en una larga racha de escándalos de corrupción que se han concatenado desde los primeros años del gobierno chavista.

Chávez Maduro y Diosdado

Pese a que la lucha contra la corrupción fue una de las banderas de Hugo Chávez para enfrentar al degenerado bipartidismo, al llegar al poder su gobierno dejó en la más completa impunidad a los perpetradores de los desfalcos del período puntofijista, algunos de cuyos insignes delincuentes de cuello blanco volvieron al país como socios del chavismo, como el caso del banquero Orlando Castro, famoso por el desfalco de Seguros Progreso. El nuevo gobierno de igual forma dio rienda suelta a una nueva ola de corrupción desenfrenada. Desde que arrancó la ejecución del Plan Bolívar 2000 y la adjudicación de un importante presupuesto para contratar obras y servicios a militares, la corrupción avanzó sin mayores obstáculos. Los generales Cruz Weffer y Rosendo fueron señalados por amasar enormes fortunas, en el caso de Cruz Weffer han transcurrido más de diez años de procesos judiciales sin conclusión. En cuanto a Rosendo, huyó del país luego de participar en el golpe de Estado de 2002.

Chávez personalmente intercedió en favor de su mentor político Luis Miquilena cuando fue acusado por actos de corrupción en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. A raíz del proceso contra Miquilena, Chávez rompió relaciones con el entonces Fiscal General, Javier Elechiguerra, quien había sido abogado defensor de Chávez durante su juicio por rebelión militar en 1992.

El nepotismo facilitó toda clase de negocios turbios. Chávez llevó a su padre, Hugo de los Reyes Chávez, y a su hermano, Adán Chávez, a la gobernación del estado Barinas en períodos sucesivos. Adán también ejerció cargos de ministro y embajador, otros de sus hermanos, Argenis, fue presidente de Corpoelec y Director Ejecutivo de la Magistratura, y Aníbal ha sido alcalde de Sabaneta. Arné Chacón, hermano de Jesse Chacón, quien ejerció varios cargos de ministro bajo el gobierno de Chávez, fue detenido en 2009 por su responsabilidad en la apropiación fraudulenta de fondos de tres bancos privados de los que era directivo, Baninvest, Central y Real. En 2012 fue liberado.

Importantes operadores del chavismo en el sistema judicial también se vieron involucrados en escándalos de corrupción. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Aponte Aponte y Velásquez Alvaray se encuentran prófugos actualmente. Aponte Aponte reconoció en 2012 haber intercedido para favorecer a narcotraficantes y haber preparado sentencias bajo instrucciones precisas del gobierno. Uno de los fallos de Aponte Aponte fue el que determinó que el preso político indígena Sabino Romero fuera trasladado a la Cárcel Nacional de Trujillo, como represalia por las protestas realizadas por indígenas yukpa ante la sede del TSJ en el año 2010. Velásquez Alvaray, quien antes de ser magistrado había sido diputado por el Movimiento Quinta República (MVR), el partido de Chávez, huyó del país al detectarse su responsabilidad en un terrible desfalco en la ejecución de obras de construcción. Velásquez Alvaray fue el primero en proponer la reelección indefinida de Chávez.

La corrupción llegó a generalizarse a tal punto que el propio Chávez tuvo que hacer algunos gestos hacia la tribuna para desmarcarse personalmente del fenómeno. En noviembre de 2009, reprendió públicamente al entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, por estar presuntamente inflando costos en un proyecto de infraestructura vial en el estado Lara, al elaborar un proyecto que casi doblaba en costo al presentado originalmente por el gobernador Henri Falcón. A pesar de ello, Cabello fue mantenido por Chávez en las más altas esferas del poder, hasta su elección como presidente de la Asamblea Nacional, cargo que desempeña desde 2010.

El gobierno dejó correr la corrupción como un recurso clientelar para lograr cohesión interna y cooptar a militares, empresarios y civiles. Sancionó la corrupción en el caso de disidentes como el general Baduel, apresado luego de oponerse a la Reforma Constitucional de 2007, y también premió a aquellos opositores que se incorporaron a las filas de la política oficial, eliminando los juicios por corrupción en su contra. Tal fue el caso del ex gobernador de Aragua Didalco Bolívar y del ex gobernador de Anzoátegui, David De Lima, quienes pasaron de las filas de la oposición a las del chavismo en 2012. Por disputas a lo interno del Psuv con el gobernador de Bolívar, Rangel Gómez, también fue detenido y acusado de corrupción recientemente el alcalde de Caroní, José Ramón López.

La relación del alto gobierno con el tráfico de drogas adquirió notoriedad con la detención de Walid Makled, un narcotraficante que había detentado la concesión privada para manejar uno de los puertos más importantes del país, Puerto Cabello. El ex ministro de Finanzas y ex gobernador de Aragua, uno de los políticos del círculo cercano a Chávez, Rafael Isea, huyó a EEUU y presuntamente trabó un acuerdo con la DEA para brindar información sobre redes de narcotráfico a cambio de inmunidad. Posteriormente, en 2014, el ex director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal fue detenido en Aruba bajo acusaciones de estar ligado a actividades de narcotráfico.

La administración del régimen cambiario, que mantiene una tasa de cambio subsidiada para empresarios importadores, permitió fraudes por más de 20 mil millones de dólares nada más en el año 2012, según declaraciones de la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmee Betancourt. Entre 2003 y 2015 se estima que la fuga de capitales ha sido de más de 150 mil millones de dólares, de los cuales un porcentaje significativo corresponde a asginaciones fraudulentas de divisas por parte del gobierno, tanto a empresarios tradicionales como al sector emergente de burgueses conocidos popularmente como boliburgueses. En este contexto no es sorprendente que haya fortunas provenientes de Venezuela en paraísos fiscales como Andorra. O que fondos de la Corporación Venezolana de Guayana bajo la gestión de Rodolfo Sanz, otro encumbrado burócrata chavista, hayan ido a parar a El Líbano.

Un caso singular del paso de burócrata a capitalista que ha dado parte de la nomenclatura chavista es el de Julio Montes, quien fungió como ministro y luego embajador en Bolivia hasta 2009. Actualmente es el vicepresidente de la empresa ferroviaria más importante de ese país andino.

Lo cierto es que la corrupción es consustancial al modelo político chavista, tanto como lo fue al puntofijismo. El chavismo desde sus inicios hasta la actualidad ha sido un proyecto nacionalista-burgués, dirigido por sectores de la burocracia civil y militar, y ahora de la nueva burguesía, cuyo propósito ha sido construir una nueva gobernabilidad sobre la base de la administración de la renta petrolera y la alianza con sectores burgueses nacionales. Un modelo en el cual la corrupción es al mismo tiempo un mecanismo de acumulación y de mediación para el acceso del capital privado a la renta petrolera. De ahí que sea aceptado por el gobierno y la MUD como un fenómeno más o menos normal de la política nacional.

Si empiezan a aparecer casos que superan todo lo visto anteriormente, como la detención de los sobrinos de Cilia Flores, es por el agravamiento de la crisis del gobierno. En el marco de una debacle económica y la aplicación de un ajuste salvaje contra la población, erosionada su base social de apoyo y aproximándose a una probable derrota en las elecciones parlamentarias, recrudecen las contradicciones internas del chavismo. Ocurren deserciones como la de Franklin Nieves, fiscal que desde EEUU aseguró haber participado de un montaje judicial contra el político derechista Leopoldo López. Se tornan más violentas las disputas internas en el Psuv. Aún no hemos visto lo peor.

Nota: El autor es Candidato a diputado por el voto lista del Partido Socialismo y Libertad (PSL) en el estado Mérida.

Independencia de clase y feminismo. Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

Mujeres del POUMExisten numerosas tradiciones políticas y en el campo filosófico que se reclaman marxistas. Sus posturas en relación con cuestiones como la revolución socialista, la liberación de la mujer, las libertades democráticas, y la independencia política de la clase trabajadora, varían en gran medida. El propósito de este escrito es ubicar claramente algunas de estas diferencias, sin dejar de plantear nuestra propia posición sobre cuáles posturas guardan continuidad con definiciones fundamentales del socialismo científico propugnado por Marx y Engels.

Toda la crítica de Marx al capitalismo es una protesta contra relaciones económicas y sociales que impiden a la persona humana desarrollarse libre y plenamente. En este sentido el marxismo es un pensamiento humanista, que establece en el socialismo no un fin en sí mismo, sino la abolición de la situación de aquellas condiciones de explotación y alienación que en el capitalismo impiden un pleno desarrollo de las potencialidades humanas, degradando a la miseria y el trabajo forzado a millones de personas obligadas a sobrevivir como asalariados.

Por su ubicación en el proceso de producción, Marx atribuye a la clase trabajadora un rol central en la revolución socialista y la emancipación de los sectores oprimidos y explotados. Y plantea una noción que va a ser determinante para diferenciar a las distintas tradiciones que se reclaman marxistas, la de la independencia política de la clase trabajadora. No solamente se refiere a una cuestión organizativa, que los asalariados cuenten con sus propios organismos e instituciones, sino también que las tácticas y estrategias desarrolladas por estas organizaciones obreras respondan a los intereses de su propia clase, que nunca se subordinen o disciplinen a los dueños de medios de producción y beneficiarios de rentas de capital, o a la pequeña burguesía.

En su Circular del Comité Central a la Liga Comunista de 1850, Marx advierte sobre el peligro de que en el marco de la lucha democrática, la clase trabajadora caiga bajo la influencia política de la pequeña burguesía. Aunque es correcta una alianza temporal con los sectores antiabsolutistas, sean burgueses o pequeño burgueses, la independencia política de los trabajadores debe mantenerse en todo momento. “Las peticiones democráticas no pueden satisfacer nunca al partido del proletariado. Mientras la democrática pequeña burguesía desearía que la revolución terminase tan pronto ha visto sus aspiraciones más o menos satisfechas, nuestro interés y nuestro deber es hacer la revolución permanente, mantenerla en marcha hasta que todas las clases poseedoras y dominantes sean desprovistas de su poder, hasta que la maquinaria gubernamental sea ocupada por el proletariado y la organización de la clase trabajadora de todos los países esté tan adelantada que toda rivalidad y competencia entre ella misma haya cesado y hasta que las más importantes fuerzas de producción estén en las manos del proletariado. Para nosotros no es cuestión reformar la propiedad privada, sino abolirla; paliar los antagonismos de clase, sino abolir las clases; mejorar la sociedad existente, sino establecer una nueva”.

Si bien el avance en términos de derechos democráticos plantea la confluencia de intereses de los trabajadores con sectores de otras clases, desde la perspectiva de la liquidación de toda opresión y explotación, la lucha para los trabajadores necesariamente tiene que apuntar a la abolición de las relaciones de explotación basadas en la propiedad privada de los medios de producción. Y en ese propósito revolucionario, no hay intereses comunes entre los trabajadores, la burguesía y gran parte de la pequeña burguesía.

Este criterio, el de la independencia política de la clase trabajadora, ha dividido aguas entre las tradiciones que se reclaman marxistas. La segunda internacional, conocida como la Internacional Socialista, que sobrevive hasta nuestros días y agrupa a partidos socialdemócratas, precisamente entró en su crisis definitiva cuando la mayoría de sus organizaciones y dirigentes secundaron a las burguesías de sus respectivos países en Europa y sus fracciones parlamentarias apoyaron los créditos de guerra para financiar la Primera Guerra Mundial. Un sector minoritario, en el que destacaron revolucionarios como Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y los bolcheviques rusos, se opusieron al patriotismo burgués e imperialista, y denunciaron el crimen de colocar a trabajadores de distintas nacionalidades como carne de cañón de sus respectivos gobiernos y burguesías.

El sector mayoritario de la socialdemocracia, que continuó agrupado bajo las banderas de la Internacional Socialista, y cuya concepción del avance hacia el socialismo elevaba a estrategia permanente el parlamentarismo, el sindicalismo y el cooperativismo, como mecanismos de cambios graduales y acumulativos dentro del régimen capitalista, pese a su origen obrero, terminaría a la larga renegando de manera definitiva del marxismo. Aunque esas mismas concepciones reformistas siguen siendo expresadas por organizaciones que se reclaman marxistas actualmente.

La primera revolución obrera triunfante en Rusia en 1917, fue la culminación precisamente de un desarrollo político independiente de los trabajadores y sus organizaciones asamblearias. A pesar de los monumentales logros en condiciones extremadamente adversas de la democracia obrera, la no extensión de la revolución a Europa, y especialmente la derrota de los socialistas revolucionarios en Alemania, a manos de los socialdemócratas devenidos en patrioteros, dejó a la joven revolución aislada y en condiciones económicas cada vez más difíciles luego de la guerra civil. Estas condiciones facilitaron una contrarrevolución burocrática encabezada por Stalin, que instituyó un régimen policial que liquidó a casi la totalidad de la dirigencia bolchevique y envió millones de trabajadores a campos de trabajos forzados. La casta burocrática que se hizo con el poder en la Unión Soviética hizo su propia revisión del marxismo para adaptarlo a sus propósitos ideológicos de encubrir y justificar el nuevo statu quo. El Internacionalismo, la noción de que el socialismo solo puede realizarse a nivel mundial y que la lucha por la revolución hermana a los trabajadores de todos los países por encima de sus diferencias nacionales y culturales, fue sustituido por la doctrina del Socialismo en un solo país. Todas las organizaciones de la III Internacional, la Internacional Comunista, terminaron disciplinándose a las políticas de autoconservación de la burocracia estalinista, incluso cuando ellas implicaban abortar revoluciones o pactar con gobiernos capitalistas. La expresión más acabada de esta orientación de conciliación de clases funcional a la burocracia estalinista fue la formulación de la estrategia de los frentes populares, o alianzas entre organizaciones obreras y burguesas para ejercer el gobierno en países capitalistas, y la concepción de la revolución por etapas, que planteaba que estas alianzas policlasistas podían desarrollarse de manera permanente durante períodos de muchos años, incluso décadas, mientras se preparaban las condiciones para luchar por el socialismo.

De tal forma que la política promovida por la burocracia gobernante rusa, se convirtió en una nueva variante de reformismo cuyas concepciones dominaron a la mayor parte de la izquierda hasta la caída del Muro de Berlín, y que siguen teniendo mucho peso hasta nuestros días en Latinoamérica y otras partes del mundo. Se trata de una revisión del marxismo que abandona la cuestión crucial de la independencia política de la clase trabajadora, al subordinarla a alianzas permanentes con sectores burgueses.

Pero así como la II Internacional se dividió y surgió un ala que se reclamó comunista, que defendió la tradición del socialismo científico, también al estalinismo se enfrentó en la segunda mitad de la década de 1920 la oposición de izquierda, encabezada por el revolucionario León Trotsky, quien posteriormente fundaría la IV Internacional, en 1938. Sus diferencias decisivas con el estalinismo estriban en su defensa del internacionalismo y de la independencia de clase, manteniendo continuidad con los planteamientos de Marx y Engels.

Marxismo y feminismo

Tanto el feminismo como el socialismo tienen sus primeros desarrollos en el marco de las terribles transformaciones sociales, económicas y políticas que fueron motorizadas por la Revolución Industrial. Los socialistas se preocuparon por estudiar y contestar las condiciones de explotación y opresión de la mujer trabajadora. En La Ideología Alemana, Marx observa que “La esclavitud, todavía muy rudimentaria, latente en la familia, es la primera forma de propiedad, que se corresponde perfectamente con la definición de los modernos economistas”.

La I Internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), fundada en 1864 y dirigida por Marx y Engels, impulsó las reivindicaciones de las mujeres, y contó con la afiliación de varias organizaciones de mujeres obreras. La opresión de la mujer, entendida como un problema no solo de las mujeres sino de la humanidad en su conjunto, es denunciada en la propaganda socialista, y la igualdad de las mujeres es planteada como un objetivo de la revolución socialista en el Manifiesto Comunista y otros textos. Al igual que Fourier y otros socialistas, Marx consideraba que el grado de desarrollo de una sociedad se podía medir por el grado de libertad y de disfrute de derechos por parte de la mujer. Así lo plantea tanto en los Manuscritos Económico-Filosóficos como en La Sagrada Familia. En su correspondencia con Kugelmann, Marx también plantea que “son imposibles las transformaciones sociales importantes sin la agitación entre las mujeres”. Consecuentemente, la AIT rechazó los planteamientos de algunos anarquistas de abolir el trabajo femenino en las fábricas, y en cambio repudió las condiciones brutales de trabajo femenino e infantil.

En su escrito de 1845, La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels denuncia las condiciones de explotación de las mujeres trabajadoras y el acoso sexual al que son sometidas. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels, y La mujer y el socialismo de Bebel, son otros trabajos que indagan sobre el origen de la dominación patriarcal y la cuestionan.

Es indudable que las diferencias profundas entre las corrientes que se reclaman marxistas que hemos señalado anteriormente, entre reformistas y revolucionarias, tienen su expresión también en el terreno de las luchas contra la opresión de la mujer.

Quizás el ejemplo histórico más notorio y contrastante es el que se puede establecer al comparar las conquistas obtenidas por las mujeres en los primeros años de la revolución rusa, y el retroceso fraguado en ese mismo terreno por la contrarrevolución estalinista.

En virtud de las conquistas alcanzadas por las mujeres con la Revolución de Octubre, las mujeres no tenían la obligación de vivir con sus maridos si cambiaban de trabajo, tenían el mismo de derecho a ser cabeza de familia, y gozaban de igual salario por igual trabajo; se establecieron permisos pagados por embarazo y post natales, se promovió la constitución de guarderías para el cuidado de los niños, se legalizó el aborto, se eliminó el concepto de hijo ilegítimo y se simplificaron enormemente los trámites de matrimonio y divorcio.

La reacción burocrática pulverizó estas incipientes pero significativas conquistas, ilegalizando el aborto, incrementando los costos y los trámites de divorcio, reduciendo los horarios de las guarderías. El Estado emprendió campañas de promoción de la familia, e incluso brindando educación diferenciada a las niñas para prepararlas para sus roles familiares tradicionales. “En completa contradicción con el abecé del comunismo, la casta gobernante ha restaurado así el núcleo más reaccionario e ignorante del régimen de clase, es decir, la familia pequeñoburguesa”, denunciaba Trotsky en La Revolución Traicionada.

Si el conservadurismo reaccionario del estalinismo destruyó muchas de las conquistas sociales y democráticas de los trabajadores y las mujeres, fue porque erigió la dominación política de la casta gobernante sobre la mayoría, y al propósito de la destrucción de la democracia obrera le resultaba funcional restablecer o consolidar tradiciones de la época anterior a la revolución. Trágicamente, para muchos aún hoy la experiencia del estalinismo es considerada como el fracaso del socialismo, o como una prueba de un abismo entre la causa de la mujer y el socialismo.

Ahora bien, en el campo del reformismo no solo ubicamos al estalinismo y sus ataques contra los derechos de la mujer. También a aquellas corrientes que renegando del principio de la independencia política de la clase trabajadora, participan del movimiento feminista. Que pese a reclamarse marxistas plantean la unidad a largo plazo, orgánica, de las mujeres capitalistas y las trabajadoras en un movimiento unitario.

Siendo un género oprimido, las mujeres de todas las clases sociales sufren discriminación y opresión, aunque ello se exprese de manera distinta en cada clase y sector. De tal manera que pueden desarrollar luchas conjuntas, más allá de las diferencias de clase, pero esas diferencias nunca dejan de existir o de expresarse en el transcurso de esas mismas luchas.

En El voto femenino y la lucha de clases, Rosa Luxemburgo advertía que más allá de las confluencias coyunturales de mujeres de distintas clases en pos de objetivos como el derecho al sufragio, “Las mujeres de las clases propietarias defenderán siempre fanáticamente la explotación y la esclavitud del pueblo trabajador”. Lo que en este sentido planteaba la III Internacional de Lenin y Trotsky, era la necesidad del movimiento comunista de disputar políticamente la influencia sobre la mujer trabajadora al feminismo burgués, de no fundirse con él.

Como explican Carmen Carrasco y Mercedes Petit en Mujeres trabajadoras y marxismo: “El único punto de unidad que tiene una mujer burguesa con una obrera, una reaccionaria o reformista con una revolucionaria, es su opresión como mujer. De ahí que exista la posibilidad de alguna lucha común entre todas, por alguna de esas demandas democráticas comunes, por su igualdad y sus derechos. Pero su unidad como mujeres nacerá con esa actividad y morirá con ella… La movilización unificada de las mujeres sólo puede darse en coyunturas específicas y de manera episódica, como unidad de acción alrededor de algunas demandas particulares. La lucha se organizará alrededor de una o dos consignas y culminará cuando se gane o se pierda esta lucha. El carácter policlasista y democrático de las luchas femeninas les asigna su destino coyuntural, fugaz”.

Desde la perspectiva del socialismo científico, que es el de la emancipación humana, incluso un avance en términos de la igualdad entre el hombre y la mujer, en un contexto de explotación y miseria para millones de hombres y mujeres, sería insuficiente si no se avanza contra toda explotación y toda opresión. Pues para la mayoría de mujeres trabajadoras y de los sectores empobrecidos, la satisfacción de sus necesidades más urgentes requiere cambios estructurales en todo el régimen económico y social, la abolición de las relaciones de producción capitalistas que las condenan a la pobreza.

La corta duración de las luchas unitarias e independientes de mujeres es constatable históricamente. Cada vez más mujeres ejercen altos cargos en las empresas o en los gobiernos, ejerciendo incluso las jefaturas de Estado. Si bien esto refleja un avance en términos de la participación política de la mujer y el reconocimiento social de su capacidad para ejercer un rol dirigente, queda preguntarse si ello se traduce en una mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de las mujeres de los sectores populares. La respuesta lamentablemente es que no.

Si en el extremo oportunista del espectro de la izquierda ubicamos a quienes adaptan las luchas en pos de derechos democráticos de las mujeres completamente al régimen burgués, propugnando un frente policlasista permanente y posponiendo indefinidamente la lucha anticapitalista, en el extremo sectario podemos ubicar a quienes alegando fines estratégicos superiores no valoran ni promueven los reclamos democráticos de las mujeres y demás sectores oprimidos. Ambas desviaciones obstaculizan el avance de la causa del socialismo.

Una política consecuentemente marxista, combina la promoción de las luchas en pos de derechos democráticos y el combate contra toda opresión de género, racista, colonial, y de cualquier otra índole, con la irrenunciable independencia de la clase trabajadora, y el fortalecimiento de sus propios partidos, corrientes sindicales, estudiantiles, feministas, y organizaciones en los demás sectores, en la perspectiva de la abolición de las relaciones de explotación capitalistas y la emancipación de todas las personas explotadas y oprimidas.

El gobierno borra de la historia el 12 de octubre de 2004. Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

El 12 de octubre de 2015, el presidente Maduro develó una estatua en Plaza Venezuela, Caracas, en homenaje al cacique Guaicaipuro. Emblema de la resistencia indígena, Guaicaipuro fue un aguerrido caribe que luchó contra los conquistadores españoles en el siglo XVI, ajusticiando a varios invasores de alto rango, como el sanguinario fundador de Mérida, Juan Rodríguez Suárez.

En el acto, Maduro aseguró que el gobierno había recuperado “el orgullo del pueblo por su raíz ancestral (indígena)”, gracias al “despertar de la conciencia que generó el líder” Hugo Chávez. Agregó que la llamada “Revolución Bolivariana” había “reimpulsado” la cosmovisión de los pueblos originarios y el sentido de armonía con la naturaleza. (http://www.correodelorinoco.gob.ve/foto-dia/guaicaipuro-es-exaltado-plaza-venezuela-fotos/). La ex ministra Aloha Núñez fue más allá y aseguró que “sin el Comandante no hubiese sido posible nuestro reconocimiento, tuvo que venir Chávez a liberarnos”.

El gobierno bautizó el paseo en el que se encuentra la nueva estatua como “Paseo de la Resistencia Indígena”. Según Maduro, la resistencia indígena hoy se expresa como “resistencia del pueblo contra la guerra económica, contra la guerra psicológica… pero ahora sí vamos a vencer, porque tenemos una idea”. La estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN), tomó nota de que la estatua se levantó “en el mismo lugar donde los gobiernos de la IV República rendían honores a Cristóbal Colón”. (http://www.avn.info.ve/contenido/estatua-guaicaipuro-caracas-reconoce-ejemplo-heroico-nuestras-ra%C3%ADces-ind%C3%ADgenas)

Ya es habitual y no levanta muchas sorpresas la pintoresca retórica oficial. En este caso, plantea que los indígenas le deben su liberación al “Comandante”, que no pudieron vencer a los conquistadores españoles por carecer de una “idea” de la que ahora sí está dotado el gobierno, y que hoy en día la resistencia indígena consiste en oponerse a una fantasmagórica “guerra económica y psicológica”. Nada nuevo allí. En este caso, más llamativo que lo que se dice es lo que se oculta.

El texto de AVN habla de que en el mismo lugar donde hoy se erige la estatua de Guaicaipuro antes se rendía honores a Colón. Pero lo que el gobierno quiere ocultar a toda costa y hacer olvidar es que hasta el 12 de octubre de 2004 se levantó allí una estatua de Colón. Que una manifestación derribó esa estatua, sufriendo la represión de la Policía de Caracas, a las órdenes de uno de los jefes del chavismo, el entonces alcalde Freddy Bernal. Uno de los manifestantes fue enjuiciado y estuvo preso durante más de un año en los calabozos de la policía política en El Helicoide. El gobierno chavista se vio envuelto en un impasse diplomático con la monarquía española por el derribamiento de la estatua.

¿Cuál fue la posición de Chávez ante estos hechos? Chávez avaló la represión contra los manifestantes y condenó la protesta, pero fue más allá y le reclamó al alcalde del municipio Libertador por haber sido blando a la hora de reprimir: “Yo debo decirle al país con mucha firmeza que no comparto para nada este hecho que me parece horrible, de estar tumbando una estatua. Yo he criticado a Colón, pero eso no justifica que nadie vaya a tumbar una estatua… He dado instrucciones y le reclamé muy duro al alcalde de Caracas, por cierto, porque para nada justifico que no haya actuado la policía”. (Ver video de la represión y las declaraciones de Chávez: https://youtu.be/DoOVgkBefFg?t=3m24s).

Para el gobierno es de suma importancia borrar de la memoria colectiva un incidente que no solamente puso de manifiesto la hipocresía del discurso gubernamental, sino que subrayó la importancia de la movilización autónoma de los sectores populares para conseguir cualquier reivindicación, así sea simbólica, como lo es la demolición de una estatua. Ese es el mal ejemplo que hay que extirpar y borrar de la historia oficial chavista. Debe imponerse la versión de que el gobierno puso una estatua de Guaicaipuro donde antes “los gobierno de la IV República rendían honores a Cristóbal Colón”. Y que la resistencia indígena se acabó cuando llegó Chávez y liberó a los pueblos indígenas.

Los verdaderos continuadores del legado de Guaicaipuro no son los funcionarios del ministerio de asuntos indígenas que consideran que sus pueblos ya han sido liberados, sino los luchadores que día a día se enfrentan en sus tierras a las transnacionales mineras, los militares corruptos, los latifundistas y ganaderos, las mafias de la minería ilegal, y a un gobierno que les niega sus derechos más importantes: el autogobierno y el territorio. Luchando por conquistar esos derechos han sido asesinados en años recientes dirigentes yukpa como Sabino Romero y Alexander Fernández, sin que se haya enjuiciado a los autores intelectuales de esos crímenes. Por defender su territorio han sido criminalizados decenas de dirigentes y luchadores indígenas de diversos pueblos, desde Paraguaipoa hasta Canaima. La resistencia indígena continúa.

Polarización, despolitización, y alternativa revolucionaria. Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

Caracas

La cristalización de dos bloques partidistas mayoritarios, el del gobierno y el de la oposición patronal, ha marcado la política venezolana durante los últimos quince años. Incluso en momentos de auge del descontento e inconformidad con ambos bloques, como el actual, el apoyo electoral ha continuado orbitando casi totalmente hacia el gobierno y los partidos de la oposición ligada al viejo puntofijismo.

Esta polarización tiene indudablemente su origen en hechos de enorme repercusión política y social, como lo fueron los paros patronales de 2001-2002, el golpe de Estado de abril de 2002 perpetrado por Fedecámaras, los militares, la CTV y la Iglesia; y el paro-sabotaje petrolero de 2002-2003. Esas jornadas que marcaron el tono y parte del contenido de la política venezolana de los años posteriores, que propinaron una importante derrota al golpismo y llevaron al gobierno a hacer concesiones en materia de asistencia social, han dejado como remanente también la alineación de importantes sectores de la población con el gobierno y con los sectores patronales y pro estadounidenses que promovieron el golpismo.

Sin embargo, con los años la situación cambió de manera importante. A partir de 2004 el gobierno emprendió un acercamiento a los sectores empresariales que apoyaron el golpe, siendo un paso decisivo el acuerdo alcanzado en la reunión tripartita entre el presidente Chávez, el magnate Gustavo Cisneros y el ex presidente yanqui Jimmy Carter. El aparato militar quedó totalmente bajo control del gobierno. A partir del año 2007 muchas de las conquistas sociales del período posterior al golpe empezaron a retroceder significativamente por los recortes en el gasto social y el giro regresivo de la política laboral. Se detuvo la disminución de la pobreza. Las empresas petroleras transnacionales pasaron a ser socias de Pdvsa a través de empresas mixtas, en primer lugar la yanqui Chevron. En el año 2009, el gobierno aplicó un severo ajuste, devaluando la moneda, subiendo el IVA, congelando contratos colectivos, y aumentando los subsidios a empresarios. Los medios de comunicación, mayoritariamente alineados con la oposición en 2002, hoy están en su mayoría en manos del Estado y de empresarios aliados al chavismo.

Mientras tanto, la oposición tradicional fue avanzando electoralmente, capitalizando el creciente descontento popular con el gobierno mediante el voto castigo, alcanzando casi la misma cantidad de votos que el chavismo en las parlamentarias de 2010 y las presidenciales de 2013.

La polarización quedó como un remanente altamente distorsionado de los hechos del 2001-2003 en la conciencia colectiva.

Rehenes de un discurso engañoso

La polarización no solo se retroalimenta mediante el discurso del gobierno y la actual MUD. La Ley Orgánica de Procesos Electorales, al instaurar un régimen de representación no proporcional y eliminar la representación de las minorías en los parlamentos municipales, regionales y la Asamblea Nacional, ha blindado electoralmente la polarización. Las condiciones de financiamiento y acceso a los medios de comunicación también apuntalan la continuidad del predominio de los dos bloques burgueses que copan la escena electoral.

No es poca la confusión generada por los discursos oficiales y de la MUD, los cuales disfrazan la disputa de dos aparatos políticos altamente corruptos y descompuestos por el control del Estado y la renta petrolera, representándola como la pugna entre proyectos y valores absolutamente contrapuestos. En la representación de la polarización que hace el discurso chavista, se trata de la lucha entre el socialismo y el capitalismo, la izquierda y la derecha, la patria y el imperio, la revolución y el fascismo, el pueblo y la burguesía. Un presente de construcción del socialismo enfrentado al pasado de la “Cuarta República”. Según la MUD, la confrontación es entre democracia y socialismo, pluralidad y autoritarismo, moderación y extremismo, inclusión y exclusión, un futuro de progreso y un presente de estancamiento y decadencia. En general, los seguidores del gobierno y de la MUD comparten y reproducen estas nociones. Lo singular es que estas representaciones de la polarización por sus actores, más allá de sus falsificaciones demagógicas y maniqueas, es que se diluyen en generalidades vacías de todo debate político concreto. De esa manera se intenta impedir que la población decida su adscripción política racionalmente, comparando programas políticos.

¿En qué se diferencian y en qué coinciden los programas del gobierno y la MUD?

En materia petrolera, ambos bloques están a favor de un modelo que implica la participación del Estado y de capitales transnacionales en la industria. La MUD solo se diferencia al defender una mayor participación del capital privado nacional. En materia financiera, el gobierno y la oposición de centroderecha abogan por la participación de bancos privados y estatales en un marco de cierta regulación estatal, pero con márgenes para amplias ganancias para los bancos y aseguradoras privadas. De hecho, el gobierno “socialista” ha favorecido a los banqueros privados convirtiéndolos en uno de los sectores capitalistas de mayor crecimiento en la última década.

En materia agraria, el gobierno ha promocionado una supuesta “revolución agraria”, pero en la práctica el 2% de los fundos acumulaban el 50% de la tierra cultivable, según el último censo oficial realizado. Ello da cuenta de la inexistencia de una política de democratización de la tenencia de la tierra. La MUD, por su parte, plantea la devolución de tierras a grandes propietarios objeto de expropiaciones o confiscaciones.

En cuanto a la asistencia social, ambos sectores plantean modelos de corporativismo y clientelismo. El gobierno a través del llamado “Estado comunal”, basado en los consejos comunales bajo control del Psuv, y la MUD reivindicando el “modelo brasileño” de bolsas de ayuda para familias en situación de extrema pobreza.

Tanto en Salud como Educación, el gobierno y la MUD defienden el negocio privado de clínicas, seguros médicos, universidades, liceos y colegios privados. El gobierno “bolivariano” otorga enormes subsidios a aseguradoras y clínicas privadas en desmedro de la salud pública, mientras los hospitales se hunden en la desidia y la desinversión.

Ambos sectores están de acuerdo en mantener el salario mínimo por debajo de la mitad del costo de la canasta básica oficial. Ante la crisis económica actual, están a favor de un ajuste por vía inflacionaria, con devaluación monetaria, despidos, aumentos importantes en los precios de los alimentos, aumento del transporte y otros servicios públicos, disminución o eliminación de subsidios como el de la gasolina, de tal modo de asegurar el pago de la deuda externa y seguir subsidiando a la burguesía nacional y transnacional con asignaciones de divisas y exenciones de impuestos. La MUD plantea que las medidas de ajuste deben aplicarse con mayor celeridad y profundidad, y que deben encaminarse gradualmente a la total liberalización de los precios de los alimentos y del intercambio de divisas.

Pese a pretender representar la contraposición de capitalismo y socialismo, tanto el gobierno como la MUD defienden, con diferencias de grados y matices, economías capitalistas con participación mixta del Estado y las empresas privadas, basadas en la continuidad de la condición semicolonial y dependiente del país, y la transferencia de la renta petrolera a sectores empresariales nacionales y transnacionales.

Una alternativa revolucionaria a la polarización

Los intereses de la mayoría de la población no están representados en la confrontación entre la burguesía tradicional alineada principalmente con la MUD, y la burguesía emergente que dirige el aparato del Estado y el partido de gobierno. Ante la cada vez mayor despolitización del debate público, hay que promover una discusión seria sobre el programa con el cual se enfrentará la peor crisis económica de los últimos cincuenta años.

Está plenamente justificada la construcción de un bloque político que exprese la resistencia contra el ajuste del gobierno y los empresarios, que rompa con la distorsionada polarización del Psuv y la MUD, que pesa sobre la conciencia de millones de personas que se creen condenadas irremediablemente a escoger el menor de dos males. Pero también hay que advertir que la pertinencia de dicha alternativa depende de que efectivamente presente un programa contrapuesto al del gobierno y la oposición puntofijista. En tal sentido quedan descartadas las variantes disidentes de la MUD y del GPP que solamente impugnan los métodos o los liderazgos impuestos por esos aparatos, pero no su política, o los grupúsculos de extrema derecha de inspiración perezjimenista.

Contra el saqueo petrolero, nacionalización de la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales, y que los recursos del petróleo se utilicen para salarios, jubilaciones, salud, educación e inversiones productivas. Contra el latifundio y la improductividad del campo, que implican una severa dependencia respecto de la importación de alimentos, una reforma agraria que garantice tierras a los campesinos y el desarrollo de una agroindustria estatal bajo control democrático de sus trabajadores. Por salud y educación pública universal, gratuita y de calidad. Contra la superexplotación que ha resultado de la política laboral del gobierno, un aumento general de salarios sobre la base de un salario mínimo igual a la canasta básica oficial, lo cual implica un aumento de más del 100% al piso salarial y un ajuste periódico de acuerdo con la inflación. Contra la LOPE que impide la representación proporcional de las distintas fuerzas políticas, un sistema electoral que adjudique los cargos de manera proporcional, y que garantice igualdad de condiciones a todas las candidaturas.

Todas estas son propuestas tendentes a evitar que la crisis la paguen las mayorías trabajadoras. Adicionalmente hay que realizar una auditoría pública del manejo de las divisas en el marco del régimen cambiario inaugurado en 2003, y que permitió un saqueo colosal de recursos mediante fraudes en los procesos de importaciones. Las empresas involucradas en este desfalco deben ser objeto de confiscaciones para resarcir al Estado las divisas robadas, los burócratas corruptos involucrados en estos crímenes deben ir a la cárcel junto con sus socios del sector empresarial, y debe terminar la práctica de subsidiar al sector importador mediante la entrega divisas provenientes de la industria petrolera. El cese del pago de la deuda externa y la nacionalización de la banca también son medidas de emergencia para enfrentar la descomunal crisis generada por una política económica al servicio de los grandes capitales y la nueva burguesía. Este es el programa que el Partido Socialismo y Libertad (PSL) ha presentado de cara a las elecciones parlamentarias, en las que participa con candidaturas en la mayoría de los estados del país.

El Psuv y la MUD son aparatos al servicio de la boliburguesía y Fedecámaras. Es necesario construir una alternativa de las organizaciones populares y obreras sobre la base de un programa como este, concebido para ordenar la lucha contra el ajuste y por una salida de los de abajo a la crisis del capitalismo venezolano. Todos los que se reivindican revolucionarios y socialistas tienen la responsabilidad de sumar esfuerzos en esta dirección.

Marea Socialista y la orientación represiva del gobierno. Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

OLP 2La llamada “Operación Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), es un conjunto de acciones de gran envergadura en las que participan centenares de agentes de todos los cuerpos represivos, militares y policiales, supuestamente dirigidas a enfrentar la delincuencia y la reventa de alimentos y productos básicos, denominada “bachaqueo” por el gobierno, actividad que ha crecido paralelamente al agravamiento de la escasez.

En el país ha habido un importante auge del crimen organizado, facilitado por la corrupción policial y judicial, la entrega de los centros penitenciarios a mafias, y la creación de zonas liberadas de presencia policial llamadas “zonas de paz”, todo ello en un contexto de creciente desigualdad y pobreza. Incluso gran parte de la clase media y de los sectores populares piden medidas represivas contra la delincuencia, al no ver medidas gubernamentales que le pongan freno a la criminalidad.

No obstante, desde el primer momento quedó en evidencia que la llamada OLP implicaba violaciones a los derechos humanos. Su método es el de sitiar barrios completos y detener a centenares de jóvenes al azar, de los cuales muy pocos son posteriormente imputados con algún delito. En cada operación, varias personas son asesinadas en supuestos enfrentamientos con los represores, sin que se presenten militares o policías fallecidos o heridos. Hasta la fecha hay alrededor de un centenar de muertos en estos operativos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos recogieron denuncias de los pobladores de los barrios sitiados, referidas a detenciones arbitrarias y robos sufridos a manos de los policías y militares, ejecuciones extrajudiciales y desalojo de viviendas. El gobierno negó estos atropellos hasta que se hizo público el video de la ejecución de un joven en Maracay por parte de la policía de Aragua. Cinco agentes policiales fueron detenidos por esta ejecución, sin embargo el gobierno se niega a abrir investigaciones sobre los demás operativos de la OLP. El crimen de Maracay mostró en toda su brutalidad la política del gobierno de criminalizar la pobreza bajo la pantalla de atacar a las bandas delincuenciales.

También el despliegue de la OLP en el estado Bolívar como respuesta a los saqueos de supermercados en la ciudad de San Félix, sirvió para ilustrar que al gobierno le interesa emplear sus grandes despliegues represivos para amedrentar a la población para que no proteste o perturbe el “orden”. A pocos meses de unas elecciones que el gobierno reconoce difíciles de ganar, y con un clima social que presagia posibles estallidos sociales, es doblemente útil diseminar sus agentes policiales y militares por las calles del país, y la OLP es la forma que ha adoptado para ello. Amedrentar a la población, al tiempo que se desata la demagogia oficial sobre el tema de la delincuencia, cuyas causas estructurales permanecen sin ser reconocidas.

En ese contexto, la ofensiva xenófoba contra los inmigrantes y refugiados colombianos en la frontera, con deportaciones, desplazamiento forzado y demolición de centenares de viviendas, también es parte de la criminalización de la pobreza y el ataque a los derechos democráticos de la población. Aunque el discurso del gobierno apunta a un supuesto combate al paramilitarismo y al contrabando, la suspensión de las garantías constitucionales en varios municipios fronterizos es el reconocimiento formal de la suspensión de derechos fundamentales que en la práctica la OLP ha vulnerado con sus operativos en todas las regiones del país.

Ante esta situación, la posición de quienes nos reclamamos revolucionarios y socialistas no puede ser sino de una categórica condena a las acciones del gobierno. El Partido Socialismo y Libertad (PSL) ha condenado desde el primer momento las violaciones a los derechos humanos por parte de policías y militares a través de la OLP.

Marea Socialista: ¿Dos políticas ante la OLP?

La juventud de Marea Socialista, organización con la cual el PSL presenta candidatos comunes en los estados Mérida, Trujillo y Guárico, ha denunciado la política represiva del gobierno. Ante el asesinato del joven Geiverson Acosta en Caracas, declararon que los asesinatos policiales “son las consecuencias previsibles de una política de ¨seguridad¨ compulsiva y demagógica como lo son las OLP y la ¨mano dura¨, cuando sabemos que estas mismas recetas han tenido consecuencias nefastas en otros países donde la juventud y la pobreza son las principales víctimas de estas ¨tropas especiales¨ o las mismas son utilizadas para intereses mafiosos como mecanismos de eliminación de la competencia de los carteles de drogas y otras actividades delictivas” (http://web.laclase.info/content/ante-el-vil-asesinato-de-geiverson-acosta-perpetrado-por-la-policia-nacional/).

Igualmente, Yasmeli Pernía, candidata a diputada de Marea Socialista en la tarjeta del PSL en el estado Mérida, ha explicado en un artículo que ” la Operación Liberación del Pueblo (OLP) es la aplicación de un estado de excepción silencioso a nivel nacional, pero no en defensa de la Constitución , sino en contra de ella… En ningún caso vamos a observar que ésta OLP va a liberar al pueblo de los grandes corruptos rojitos, azulitos, burócratas sindicales, grandes empresarios explotadores, grandes ganaderos y latifundistas, grandes mercaderes del erario público y altos rangos de la Guardia Nacional “. (http://web.laclase.info/content/la-olp-es-un-mecanismo-de-estado-de-excepcion-silencioso/). Quienes militamos en la izquierda autónoma de este país, vemos con simpatía estas claras denuncias.

En cambio, resulta preocupante que Stalin Pérez, dirigente nacional de Marea Socialista, y  Christian Pereira, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Automotrices, Autopartistas y Conexos (Futaac), y dirigente de Marea Socialista en el estado Carabobo, hayan emitido una declaración apoyando las medidas adoptadas en la frontera y la OLP. “Recientemente se han tomado medidas importantes en materia de frontera y respecto a la seguridad con las denominadas OLP… consideramos que ambas medidas están en la dirección correcta y debieran formar parte de un paquete de medidas mucho más amplio que fortalezca el papel del estado venezolano…  Consideramos que la xenofobia solo nos divide y que tenemos que estar muy alerta contra estas prácticas. No obstante, todos esos riesgos no oscurecen la correcta orientación de las medidas, por lo cual creemos importante subrayar nuestro apoyo a estas iniciativas que adelanta el Presidente Maduro y el Ejecutivo”, se puede leer en el comunicado. (http://www.aporrea.org/trabajadores/n276597.html)

¿Las principales víctimas de la OLP son los jóvenes y los pobres, o se trata de una política que está orientada en la dirección correcta y que amerita el apoyo de todo el pueblo? ¿Las ejecuciones y demás violaciones a los derechos humanos, denunciadas en todos los operativos de la OLP, son sólo responsabilidad de algunos efectivos policiales y militares, o son consustanciales a la política represiva del gobierno? ¿Es posible desmarcarse de la xenofobia si al mismo tiempo se apoya una campaña del gobierno que viola los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados colombianos? Este debate es de una enorme importancia para todo el movimiento popular, la izquierda y los sectores que en algún momento albergaron expectativas en que el gobierno chavista rompería con las tradiciones antidemocráticas y represivas del pasado puntofijista. Ahora que vuelven con fuerza las redadas y la represión indiscriminada en los barrios, que se vuelve a suspender las garantías constitucionales, que se criminaliza el hambre y la pobreza, que se aplica un ajuste terrible contra la mayoría trabajadora para hacernos pagar la crisis generada por los capitalistas y burócratas corruptos, resulta crucial que construyamos una alternativa política verdaderamente revolucionaria, y ello sólo es posible si nos oponemos de manera contundente a la orientación represiva y el ajuste del gobierno. No hay espacio para un “apoyo crítico” a los crímenes represivos del gobierno.