La detención de los sobrinos de Cilia Flores y la descomposición del gobierno. Por: Miguel Angel Hernández (PSL)

Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Nicolás Maduro. Esta vez dos sobrinos de su esposa, Cilia Flores, han sido detenidos en Haití este martes, acusados de conspirar para realizar operaciones de narcotráfico. Según las fuentes judiciales ligadas al caso, los detenidos contaban con pasaportes diplomáticos, sin ostentar cargos en el servicio exterior venezolano, y presuntamente se movilizaban en una aeronave de la empresa privada Sabenpe, cuyos propietarios están ligados al chavismo. Existen versiones periodísticas también sobre allanamientos en propiedades relacionadas con los Flores en República Dominicana.

El incidente se produce apenas dos días antes de que Maduro se dirigiera a la Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y pocos días después de la deserción del fiscal acusador en el juicio al dirigente de la MUD Leopoldo López. Semanas antes también estalló el conflicto entre el gobernador de Bolívar, Rangel Gomez, y el alcalde López del municipio Caroní, que ha escalado con la detención de éste último bajo acusaciones de corrupción.

Todos estos casos son sintomáticos, reflejan la crisis del gobierno. El barco se va a pique, la economía se hunde, los trabajadores padecen salarios destruidos, se consumen en colas, son víctimas de despidos, pésimos servicios publicos, un transporte caro y desastroso. La situación social es potencialmente explosiva, y todos estos elementos comienzan a expresarse en el seno del poder político, de los jerarcas del Psuv y hasta en la familia presidencial. Son las purulencias de un modelo político fracasado y en completa decadencia.

A medida que se acerca el desenlace de unas elecciones que cada vez más el gobierno las ve perdidas, estas expresiones de desesperación, de agudización de las contradicciones internas en el gobierno, se hacen mayores. La parálisis del gobierno para responder a la detención de los dos familiares de Cilia Flores llama poderosamente la atención. Sin duda el gobierno yanqui, que es enemigo histórico del pueblo venezolano y no tiene ningún interés en abogar por sus derechos, sabe que puede presionar y negociar con el gobierno venezolano dada su extrema debilidad. Y el gobierno de Maduro, que de antiimperialista tiene muy poco, también estará dispuesto a hacer nuevas concesiones al gobierno yanqui.

Pero lo fundamental, que tenemos que extraer como lección al ver este proceso de implosión del chavismo, es la necesidad de construir un proyecto político propio de la clase trabajadora, sin expectativas en boliburgueses, en políticos corruptos del puntofijismo, en la MUD, ni en el imperialismo. En nuestras propias manos está la posibilidad de construir una alternativa verdaderamente socialista, sin corruptos ni capitalistas, sin banqueros ni transnacionales, sin latifundistas ni empresas mixtas.

Nota: El autor es Secretario general del Partido Socialismo y Libertad (PSL) y candidato a la AN por el voto lista del Distrito Capital.

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La debacle del chavismo. Por: Miguel Ángel Hernandez*

Maduro preocupadoEl pueblo venezolano padece innumerables penurias. El desabastecimiento, las largas colas que produce, el alto costo de la vida, no ceden, por el contrario, la situación se agrava cada día más.

La vida cotidiana de venezolanas y venezolanos se complejiza con la falta de agua, continuos apagones, pésimas vías de comunicación, y serios problemas de transporte. A todas estas vicisitudes se suman los despidos en empresas públicas y privadas.

Los trabajadores y el pueblo pobre estamos pagando el costo de la crisis

En el marco de la crisis, el pueblo y la clase trabajadora venezolana enfrentan una violenta ofensiva por parte del gobierno y los patronos, que ha menoscabado sus derechos políticos y sindicales, destruido los salarios, abaratando la mano de obra a niveles no vistos en los últimos 50 años. Ha flexibilizado las relaciones laborales con despidos masivos, todo como parte de los esfuerzos del gobierno y los empresarios del sector privado por descargar el costo de la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador.

El gobierno venezolano, con la coartada de un falso discurso socialista, aplica un plan de ajuste que incluye despidos, aumento de los precios de los alimentos y demás productos regulados, devaluación, aumento de tarifas del transporte y los servicios públicos, y está pendiente un incremento de la gasolina, lo cual generará una espiral inflacionaria nunca conocida en el país.

El Partido Socialismo y Libertad ha venido planteando que hay un acuerdo no firmado entre el empresariado agrupado en Fedecamaras y el gobierno, para descargar la crisis sobre los trabajadores, y para esto cuentan con la burocracia sindical “roja, rojita”.

El descontento social y el devaluado respaldo al gobierno

Toda esta situación está produciendo un deslave en la base social del chavismo y el gobierno. El descontento es creciente y generalizado. Por primera vez en 16 años, el gobierno se enfrenta a la posibilidad cierta de ser derrotado en unas elecciones. El 6 de diciembre, día de las elecciones parlamentarias en Venezuela, el partido gubernamental podría ceder la mayoría en la Asamblea Nacional

En el último período, el gobierno de Nicolás Maduro, a sabiendas de la difícil situación económica y social, que su gobierno y el Psuv, deben enfrentar en un año electoral, ha venido lanzando “trapos rojos”, con los cuales trata de exorcixar el malestar creciente en la población, y revertir así la tendencia negativa hacia su gestión.

Primero utilizó la Orden Ejecutiva del gobierno norteamericano, que consideraba a Venezuela como una amenaza, buscando unificar a su base social. Poco duró el efecto positivo que la recolección de firmas contra el decreto de Obama, pudo haber tenido en una recuperación relativa de su imagen. Luego siguió exacerbando los ánimos nacionalistas de la población, levantando la olvidada defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana desde 1899.

Más recientemente, Maduro responsabilizó a los inmigrantes colombianos “ilegales”, y lanzó una campaña de deportaciones en la frontera con Colombia, acompañada por el establecimiento de estados de excepción en los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, fronterizos con Colombia, con el argumento de enfrentar el paramilitarismo y el contrabando, como parte de una supuesta “guerra económica”, que estaría originando el desabastecimiento. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 1.608 colombianos fueron expulsados de territorio venezolano y 19.686 regresaron por propia voluntad, desde el 19 de agosto.

Todos estos recursos lanzados por el gobierno para levantar su cada vez más deteriorada imagen, no han tenido los resultados esperados por los asesores gubernamentales. Por el contrario, se han venido desinflando y poniendo en evidencia que no eran más que potes de humo, alimentados con todo género de falsedades, amplificadas por los medios de comunicación gubernamentales, diestros en esta tarea.

Ahora vemos como estos inventos mediáticos diseñados con objetivos claramente electorales, se caen por su propio peso. De las firmas recogidas contra el decreto de Obama, ya nadie se acuerda. No se entregaron en ninguna parte, y más nunca el gobierno hizo referencia al asunto. Maduro se reunió con el presidente de Guyana, y se acordó el regreso de los embajadores a las respectivas capitales, bajando las tensiones entre los dos países.

Pero quizás lo más descarado es lo ocurrido con los inmigrantes colombianos deportados. Ahora el gobierno de Maduro, después de la reunión con el presidente Santos, acordó con Unasur facilitar el regreso de los deportados. Algo insólito que coloca en evidencia, que las motivaciones que originaron su salida compulsiva del país, no tenían ningún asidero, que no eran paramilitares, y que en definitiva, no son responsables del contrabando y de la escasez de alimentos y otros productos que padecen los venezolanos.

Criminalización de la protesta y restricción de las libertades democráticas

Todas estas medidas del gobierno, se producen en el marco de un recrudecimiento de la restricción a las libertades democráticas. Los estados de excepción en la frontera han significado la suspensión de garantías constitucionales, como la libertad de manifestar, el derecho a huelga, entre otras.

Paralelamente, el gobierno viene impulsando desde hace varios meses la llamada Operación de Liberación y Protección el Pueblo (OLP). Con el argumento del enfrentamiento a la delincuencia, se ha puesto en práctica un dispositivo represivo, similar a otros aplicados en el pasado puntofijista, cuyo saldo hasta ahora es de más de 100 personas muertas en supuestos enfrentamientos, en los cuales no ha habido ni un herido de los cuerpos de seguridad. De hecho, se hizo público un video, donde policías ejecutaban a un detenido. Organismos de defensa de derechos humanos, han denunciado atropellos y desalojos de personas de humildes viviendas, así como posibles ejecuciones extrajudiciales.

El pasado año, después de las protestas de febrero-abril, el gobierno adquirió en el exterior numerosos equipos antimotines. Gases lacrimógenos, tanquetas y otros recursos, fueron comprados a Rusia.

Coincidiendo con este operativo, Leopoldo López, líder de la oposición burguesa, fue condenado a casi 14 años de prisión por las protestas del año pasado, donde fallecieron 43 personas.

La otra cara de la represión del gobierno, y que menos se difunde en los medios de comunicación, es la persecución a los que luchan y se movilizan, como es el caso de Bladimir Carvajal, trabajador petrolero, dirigente del PSL y C-cura, quien fue despedido por dirigir la lucha por la discusión contractual y por diversos reclamos de los trabajadores petroleros. Carvajal fue detenido en febrero del año pasado junto a José Bodas, Leonardo Ugarte, todos del PSL y C-cura, junto a otros 9 trabajadores, por defender el contrato colectivo.

Pero son muchos despedidos en el país. Es el caso de numerosas empresas públicas y privadas. Chrysler, Ford, Ajeven Filtros Wix, Protinal, Qué Pollo, Polar, centrales azucareros, ministerios.

El gobierno también detuvo a 8 trabajadores de Civetchi, empresa mixta con China. Así como a trabajadores de Vtelca, otra empresa mixta con ese país, productora de teléfonos celulares, por atraverse a conformar un sindicato.

La OLP, los estados de excepción en la frontera, la persecución a los que luchan, buscan amedrentar a la población y disuadir el aumento de las protestas, en un grave contexto de crisis económica y social, y de deterioro creciente del gobierno. Maduro intenta inhibir cualquier posibilidad de estallidos sociales.

Por una alternativa socialista y revolucionaria

El marco en el que se van a llevar a cabo las elecciones es de crisis económica, inflación, desabastecimiento, despidos y restricción a las libertades. Nuestro partido sigue planteando la necesidad de construir una alternativa verdaderamente revolucionaria y socialista, que acompañe las luchas obreras y populares, y que electoralmente se postule, colocando sus candidaturas al servicio de las peleas cotidianas del pueblo trabajador.

*Secretario general del PSL y profesor de la UCV

Publicado originalmente en Correspondencia Internacional, No. 37, octubre/diciembre 2015.

La “guerra económica”: un cuento que nadie se cree. Por: Miguel Angel Hernández

Si hay algo en este momento que agobia al pueblo trabajador es el alto costo de la vida, y el subsecuente deterioro de su salario real, es decir, el verdadero valor y capacidad de sus ingresos para adquirir los productos necesarios para vivir.

Los medios de comunicación privados, los políticos de la MUD, así como los economistas funcionales a la burguesía y a la lógica empresarial, opinan permanentemente al respecto, y exigen al gobierno que siga devaluando la moneda, libere totalmente los precios de los productos, y que aumente la gasolina. En resumidas cuentas, que profundice las medidas de ajuste que ya el gobierno viene implementando con el respaldo del empresariado.

Por ello, nos parece necesario dar una explicación a las razones que originan la inflación. Una perspectiva más cercana a la realidad cotidiana que viven el pueblo y los trabajadores.

¿Qué origina la inflación?

El gobierno argumenta que la escasez de alimentos y otros productos, así como la inflación, son producidas por una supuesta “guerra económica”. Según las fuentes gubernamentales, el “bachaqueo”, el contrabando y la especulación, serían expresión concreta de esta guerra económica. Nosotros decimos que esto es completamente falso.

En una economía rentista como la venezolana, la especulación y el chantaje al Estado para incrementar los precios de los productos, tradicionalmente han sido recursos utilizados por los patronos para maximizar sus ganancias, y obtener privilegios de los gobiernos de turno. Sucedió en el pasado puntofijista, y sigue sucediendo en la actualidad con el falso socialismo del siglo XXI de Chávez y Maduro. Por ello no es casual que en los últimos 16 años los sectores que más ganancias han obtenido son los banqueros, importadores y transnacionales petroleras y de telecomunicaciones.

La alarmante escasez de productos básicos, la alta inflación, los despidos en empresas públicas y privadas, están determinados por la caída brutal de la producción global, consecuencia directa de la recesión económica que vive el país, la cual tiene raíces en la crisis mundial del capitalismo y en las políticas instrumentadas por el gobierno a lo largo de los últimos 16 años.

A esto hay que agregar la impresión descontrolada de dinero ejecutada por el gobierno. Esto se explica debido al hecho de que la mayoría de los dólares que ingresan al país por exportación petrolera -casi lo único que exportamos- se asignan a empresarios al bajo precio de Bs. 6,30, que es la tasa preferencial de cambio con la que se adquiere el 70% de lo que compramos en el exterior. Además de favorecer la corrupción y el robo multimillonario de dólares, esto agrava el déficit del presupuesto estatal, lo cual el gobierno trata de cubrir imprimiendo billetes sin respaldo en la producción y en las reservas internacionales. Es así como el aumento de dinero circulante en la economía impulsa la inflación.

Este cuento de la guerra económica, es una cortina de humo para desviar la atención de los problemas que a diario vivimos. Es un recurso propagandístico para achacarle a un enemigo invisible el terrible drama cotidiano de las colas, el desabastecimiento y los altos precios de los productos, y eludir su responsabilidad en el deterioro creciente de los salarios y el nivel de vida de la población.

Los empresarios, grandes comerciantes, transnacionales y banqueros, siempre han sostenido una guerra económica contra el pueblo. Eso no es nuevo, es consustancial con su carácter de explotadores del trabajo ajeno.

En rigor, el “bachaqueo”, el contrabando y la especulación son consecuencia de la escasez de productos. Al existir desabastecimiento de algún producto, las grandes empresas y transnacionales, reciben del gobierno los dólares preferenciales que exigen para adquirir insumos y materias primas, pero en lugar de utilizarlos para producir en el país, prefieren importar y vender a altos precios. Es decir, compran a Bs. 6,30 ó 12, y venden a Bs. 200 (precio Simadi) ó 400 (precio del mercado negro). La escasez y la expectativa constante de aumento de los precios, incentiva la especulación, el contrabando y el bachaqueo.

Hay sectores de la población que en medio de la crisis, el desempleo y los bajos salarios, se rebuscan “bachaqueando”, pero esto tiene un efecto mínimo en la inflación. Los verdaderos criminales son los altos funcionarios gubernamentales, empresarios y militares que compran a dólar preferencial y luego venden a precios de mercado negro. Los estafadores son estos sectores que han desangrado al pueblo con importaciones fraudulentas y ficticias.

El pueblo trabajador no come cuentos. Nadie se cree lo que dice el gobierno. Sí hay una guerra económica pero es la que los empresarios y el gobierno han desatado contra el pueblo para hacernos pagar la crisis que ellos generaron.

Lo que hay que dolarizar son los salarios

Esta situación que estamos viviendo es insostenible. Ya la economía está dolarizada. Compramos al precio del dólar Simadi o del paralelo, por ello, lo que hay que dolarizar son los salarios.

Para derrotar esta guerra contra el pueblo trabajador debemos movilizarnos en la calle para exigir la discusión de las contrataciones colectivas y un aumento general de salarios que no puede ser menor a un 150%. Que el salario mínimo se iguale a la canasta básica y se ajuste cada 3 meses de acuerdo a la inflación.

Estas propuestas deben ser consideradas en un Encuentro Obrero y Popular que discuta un Plan Económico y Social Alternativo para sacarnos de la grave situación que estamos atravesando. En la perspectiva de la lucha por un Gobierno Obrero y Popular.

@UcvMiguelangel

miguelaha2014@yahoo.com