¿Se puede confiar en la próxima Asamblea Nacional?. Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

Borges y Ramos Allup

La MUD obtuvo la mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, la mayor derrota electoral del gobierno en 16 años. Los fenómenos de masas no son homogéneos, y no puede plantearse una sola motivación detrás de la masiva votación contra el gobierno. Pero todo indica que es mucho más un voto contra el gobierno que a favor de las tesis políticas de la MUD, un justificado repudio alimentado por la terrible crisis económica y las medidas antipopulares de ajuste adoptadas por el gobierno. Llama la atención que la MUD en muchos lugares en los que ganó holgadamente casi no hizo campaña (por ejemplo en Mérida había mucha más propaganda de una candidatura disidente de derecha que de la propia MUD), además de que su campaña fue totalmente vacía políticamente, sin entrar a definiciones sobre qué medidas concretas promovería como parte de su prometido “cambio”. No presentó un programa político, se limitó a capitalizar el descontento, y de esa manera llevó al parlamento a muchos dirigentes desgastados de la vieja política puntofijista, como William Dávila o Ramos Allup.

También llama la atención que la MUD sacó más votos que el Psuv incluso en zonas que por 16 años fueron bastión del gobierno, como el “23 de enero” en Caracas. No fue únicamente la clase media la que volcó sus votos contra el gobierno, como en elecciones anteriores, lo novedoso y que inclinó la balanza es que esta vez importantes franjas de los sectores populares y de trabajadores votaron contra el gobierno.

Las opciones por fuera de la polarización quedamos severamente marginadas en la votación (alrededor de un 2% disperso en varias plataformas que iban desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha). La lógica del voto castigo suele ir aunada a una estricta economía del voto, se vota por la opción que puede derrotar al gobierno, en este caso la coalición de centroderecha.

Ahora bien, que haya predominado la noción de castigar al gobierno no significa que no haya expectativas en mucha gente sobre las posibilidades de que la nueva AN impulse cambios en la dirección de mejorías económicas, sociales y desde el punto de vista de los derechos democráticos. Acá es donde el voto contra el gobierno demuestra su heterogeneidad: las expectativas de cambio las pueden compartir muchos, pero la orientación del cambio deseado no es la misma para todos los que votaron a la MUD.

Desde el punto de vista económico, hay que decir que la situación no va a mejorar en 2016 para la mayoría de la población. Elvis Amoroso, del Psuv, había anunciado que vendría un ajuste luego de las elecciones, y Maduro recientemente lo ratificó. Las organizaciones de la MUD, de acuerdo con el programa que presentó Capriles en las elecciones de 2012 y 2013, son partidarias de un ajuste de grandes dimensiones: megadevaluación y liberación gradual del tipo de cambio, aumentos sustanciales en los precios de los alimentos, el transporte y los demás servicios públicos, eliminación del subsidio a la gasolina. En todas estas medidas coinciden con lo que el gobierno viene aplicando, aunque a un ritmo más lento del que desearían las fuerzas de la MUD y Fedecámaras.

De la MUD cabe esperar que impulsen recortes a los derechos de los trabajadores mediante reformas a la LOTTT. Ya hay declaraciones públicas en ese sentido. Por el contrario, no cabe esperar que impulsen reformas al régimen tributario para impedir que los trabajadores que ganan apenas por encima del salario mínimo sigan pagando ISLR, tampoco que deroguen los artículos de la LOTTT que atacan la libertad sindical.

La MUD habla de amnistiar a los que considera presos políticos. Pero nunca ha hecho mención, por ejemplo, de liberar al preso político obrero Rodney Álvarez. Nunca ha planteado otorgar amnistía a los luchadores pemones con juicios abiertos por enfrentarse a la mafia militar ligada a la minería ilegal en el suroriente del país. Nunca ha planteado la necesidad de una investigación parlamentaria sobre el asesinato del cacique yukpa Sabino Romero, en el que participaron efectivos policiales y militares, ni una investigación sobre la Masacre de la Encrucijada, sobre la Masacre de la Mitsubishi, o la Masacre del Hato Las Flores. Nunca ha planteado la necesidad de una investigación parlamentaria sobre la desaparición forzada del luchador social Alcedo Mora.

Dado que la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada por el chavismo en 2009 elimina la representación proporcional y favorece con sobrerrepresentación a la fuerza mayoritaria (antes el Psuv, ahora la MUD), es poco probable que se discuta en la nueva AN su reforma para permitir la representación proporcional de las minorías, lo cual permitiría, por ejemplo, a una fuerza que saque el 2% nacional tener 3 diputados en una AN de 167 curules.

Y es que la oposición de centroderecha no llega al parlamento en enero de 2016, ya tuvo el 40% de los diputados desde el 2010 y no propuso nada de esto. Tampoco propuso una investigación parlamentaria sobre el desfalco a Cadivi mediante el fraude de importaciones, exigencia que hemos hecho varias organizaciones de izquierda a través de la Plataforma por una Auditoría Pública y Ciudadana. O una investigación sobre el estado deplorable de las empresas básicas y las empresas cementeras. Aunque esas iniciativas no podían prosperar en una AN controlada por el Psuv, el hecho de que ni siquiera se propusieran habla del talante de la MUD. ¿Lo hará ahora que tiene una mayoría calificada?

Creemos que la única manera de impedir contrarreformas que signifiquen retrocesos en materia social y laboral, y la única forma de promover iniciativas en la Asamblea Nacional que no estén determinadas por los intereses y presiones de Fedecámaras, sino en función de los legítimos reclamos de la mayoría trabajadora del país, es por medio de la movilización. De la misma forma, es en ese terreno que se puede presionar al gobierno para que abandone sus amenazas de vengar su derrota deteniendo la construcción de viviendas, como recientemente propuso Maduro. Y enfrentar el durísimo ajuste que se avecina, en el que el gobierno, la MUD y Fedecámaras tienen intereses convergentes.

Hay que interpelar desde la calle a la Asamblea Nacional para que responda a los reclamos sociales, económicos y políticos de la población. Ninguna confianza en la AN, ni en su fracción mayoritaria ni en la nueva minoría, sino en nuestras propias fuerzas como movimiento popular y obrero. A nuestro favor no saldrá de ese parlamento nada que no estemos dispuestos a arrancar mediante la movilización.

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